Jueves 4.1.2024
/Última actualización 15:02
El padre Martín Cabrera criticó con dureza la decisión de la jueza Paula Borrello que en primera instancia había autorizado a viajar a España al “hermano” Pedro, ex Director del nivel primario del Colegio Sagrado Corazón, acusado de cuatro abusos sexuales contra alumnas que cursaban 6° y 7 ° grado durante los años 2018 y 2019. Aseguró que “la justicia no siempre responde a la verdad, sino que responde a ciertos mecanismos internos” y que por eso le “da temor que la verdad (sobre lo que padecieron las niñas) quede tapada”. También fue crítico con el accionar institucional que tuvieron las autoridades del establecimiento educativo, al negar los hechos.
El religioso Pedro Ortiz y Hontoria abandonó la ciudad de Venado Tuerto luego de la primera imputación.Cabrera está al frente de la Parroquia Santa Elena, es Vicepresidente de Cáritas Diocesana y fue el sacerdote que acompañó al poder judicial a la familia que radicó la primera denuncia contra el religioso en el año 2021. En distintas entrevistas fue duro con el accionar de Pedro, y a su vez dijo que seguramente surgirían nuevos testimonios de abusos, cosa que terminó ocurriendo.
Desde ese momento siguió el proceso de cerca en relación a los nuevos casos que aparecieron y a las distintas audiencias. Y en este marco, mostró su malestar en relación a la autorización que la jueza Paula Borrello había otorgado en primera instancia a Pedro Ortiz y Hontoria a viajar a España el 18 de diciembre con fecha de regreso el 7 de febrero de 2024.
“Estoy sorprendido por las decisiones de la jueza. Podría hablar de derecho canónico, pero no legal, porque no conozco. Pero estoy sorprendido porque las denuncias fueron más de una. Hay mucha burocracia judicial y parece que a veces los abogados y los jueces no saben o no entienden”, aseguró Martín Cabrera.
Lo cierto es que “el hermano Pedro no viajó porque no se terminaron cumpliendo con todos los requisitos. Y de mi parte, estoy expectante a lo que se resuelva”.
En la audiencia de noviembre Paula Borrello había autorizado a viajar al religioso. Finalmente, Pedro se quedó en Argentina.Pero al mismo tiempo señaló que “los que no estamos en la justicia penal, hay tecnicismos que no los comprendemos. Y a mí me preocupa que estos tecnicismos, chicanas o vericuetos, empañen la verdad y que quede tapada por algún mecanismo que se articula. Ya sabemos que la justicia no siempre responde a la verdad, sino que responde a ciertos mecanismos internos, y los ciudadanos comunes quedamos desconcertados”.
El sacerdote admitió que “a veces da cierto temor algunos mecanismos de la justicia. La fiscal Florencia Schiappa Pietra expresó, con otras palabras, cosas similares a las que estoy diciendo. Por eso digo que me da temor que la verdad quede tapada”.
Centenares de venadenses se movilizaron para pedir justicia cuando se conoció el caso a mediados de 2022.Mirada institucional
Cuando el hermano Pedro dejó la dirección del establecimiento educativo nivel primario luego de ser imputado por “abuso sexual simple”, desde la institución no se dieron detalles a la comunidad educativa sobre el proceso legal que afrontaba el religioso, el cual desembocó en que tenga que dejar el cargo que desempeñaba y emigrar a Buenos Aires.
Al respecto, el padre Martín Cabrera afirmó que “no me sorprendió esa posición (de las autoridades del colegio). Todos estamos buscando en estos tiempos una iglesia más transparente y no siempre en todos los ámbitos se logra. La sorpresa y la negación no se justifican para nada. Una mentira no se justifica para nada. Lo que molesta es la persistencia en la mentira y eso es lamentable”.
Por último, sostuvo que “a pesar de lo doloroso, lo bueno es que los padres se han tenido que sentar a hablar con sus hijos sobre estos temas. Y se ha instalado la discusión en la familia. Pero cosas como estas (de ocultar) pueden pasar en cualquier institución, y pasan. Hay abusos de autoridad que en otras instituciones suceden y nadie dice nada”.
Año clave
En las últimas semanas de 2022 la fiscal Florencia Schiappa Pietra realizó la requisitoria de elevación a juicio oral del caso, solicitando una pena de 16 años de prisión para Pedro Ortiz y Hontoria. Durante el 2024 se darán los pasos legales correspondientes para saber si el religioso estará sentado en el banquillo de los acusados.